MANIFIESTO
Son tiempos difíciles para todos. Sin embargo, eso no puede ser justificación ni excusa alguna para que la salud, ni la vida de nadie, se vea perjudicada.
Durante años, hemos visto, vivido y sufrido los diferentes escenarios que se han planteado por las múltiples y diferentes gestiones que cada Comunidad Autónoma ha hecho de la Sanidad.
Los profesionales de la misma han visto durante años cómo sus derechos como trabajadores y remuneraciones pueden llegar a ser dispares de un lugar a otro dentro de nuestras propias fronteras. El paciente recibe una cartera de Servicios diferente en las distintas Comunidades, desde el calendario de vacunaciones hasta unos criterios de ingreso hospitalarios diferentes.
El uso electoral de la Sanidad, los recursos económicos y/u otras mil causas y factores que no pretendemos analizar, o ni tan siquiera exponer, han derivado en una esperpéntica situación, pero REAL, que nos lleva a vivir un hecho presente, el cual es irreconocible en los principios fundamentales donde se creó la Seguridad Social y la Ley General de Sanidad. Y ese hecho es que la Economía prima sobre la Salud de las personas. Cada Comunidad vive en un submundo cerrado ajena al profesional y a la necesidad real del paciente, donde ya se ha dejado de trabajar la eficiencia y prima únicamente el ahorro.
Vemos como en una Comunidad Autónoma sus Profesionales están contratados al 75% ¿Está condenada esta población a tener Salud sólo en un 75%? ¿Se puede potenciar el desarrollo profesional, y por tanto de la Sanidad, con un personal que pasa más de una década en situación de inestabilidad laboral con contratos eventuales?
Este desigual reparto de la Sanidad y de ahorro tiene un coste muy elevado: la Salud y la Vida de las personas. ¿Por qué motivo entonces, un persona de una Comunidad Autónoma tiene más o menos Derecho a tener una mejor calidad de atención y recursos? ¿Qué o quién decide?
La gota que ya ha colmado el vaso y prueba el irracional estado al que hemos llegado es la triste noticia, hace unos días, sobre el fallecimiento de una niña por la complicación de una varicela, debido a la ineficacia del Sistema Nacional de Salud que, por conflictos territoriales, confirman el decepcionante hecho de que los principios bioéticos de Justicia e Igualdad, donde toda persona ha de tener las mismas oportunidades para el Derecho de su Salud en la asistencia sanitaria, simplemente, ya han dejado de existir.
Vivimos en una Sociedad donde se defiende, publicita y promociona la asistencia Universal en Sanidad de todas las personas, independientemente de su condición social, recursos económicos y procedencia pero, que a la hora de la verdad, conflictos interterritoriales son los responsables de no poner todos los recursos necesarios en una niña enferma, y ajena a todo tipo de cuestiones de gestión y economía.
Ha tenido que ocurrir lo peor para dejar en evidencia la situación. Aprendamos de ello. Seamos conscientes y reaccionemos. Es el momento de reaccionar. ¿Cuántas muertes tendremos que soportar para que algún político se decida a dar el paso de reclamar para el gobierno central la gestión en salud de todos los españoles?
Hasta la fecha, las competencias en Sanidad de las Comunidades Autónomas tan solo han demostrado una desigualdad manifiesta, tanto en las condiciones laborales de sus profesionales, como en la oportunidad de recursos entre los pacientes, con desastrosas consecuencias, y que va en contra de los principios de Igualdad que garantiza nuestra Carta Magna.
A nuestro entender, es el Gobierno Central quien debe ser el responsable de que el trabajo y la Atención Sanitaria de cualquier persona en el territorio del Estado Español tenga las mismas oportunidades y garantías, por lo que apelamos al sentido común, sensatez y responsabilidad que han de tener nuestros Gobernantes para que centren su atención en las personas, y no en la economía, en cuanto a Salud se refiere.
Desde aquí tendemos la mano hacia el diálogo y entendimiento para tal causa.
Durante años, hemos visto, vivido y sufrido los diferentes escenarios que se han planteado por las múltiples y diferentes gestiones que cada Comunidad Autónoma ha hecho de la Sanidad.
Los profesionales de la misma han visto durante años cómo sus derechos como trabajadores y remuneraciones pueden llegar a ser dispares de un lugar a otro dentro de nuestras propias fronteras. El paciente recibe una cartera de Servicios diferente en las distintas Comunidades, desde el calendario de vacunaciones hasta unos criterios de ingreso hospitalarios diferentes.
El uso electoral de la Sanidad, los recursos económicos y/u otras mil causas y factores que no pretendemos analizar, o ni tan siquiera exponer, han derivado en una esperpéntica situación, pero REAL, que nos lleva a vivir un hecho presente, el cual es irreconocible en los principios fundamentales donde se creó la Seguridad Social y la Ley General de Sanidad. Y ese hecho es que la Economía prima sobre la Salud de las personas. Cada Comunidad vive en un submundo cerrado ajena al profesional y a la necesidad real del paciente, donde ya se ha dejado de trabajar la eficiencia y prima únicamente el ahorro.
Vemos como en una Comunidad Autónoma sus Profesionales están contratados al 75% ¿Está condenada esta población a tener Salud sólo en un 75%? ¿Se puede potenciar el desarrollo profesional, y por tanto de la Sanidad, con un personal que pasa más de una década en situación de inestabilidad laboral con contratos eventuales?
Este desigual reparto de la Sanidad y de ahorro tiene un coste muy elevado: la Salud y la Vida de las personas. ¿Por qué motivo entonces, un persona de una Comunidad Autónoma tiene más o menos Derecho a tener una mejor calidad de atención y recursos? ¿Qué o quién decide?
La gota que ya ha colmado el vaso y prueba el irracional estado al que hemos llegado es la triste noticia, hace unos días, sobre el fallecimiento de una niña por la complicación de una varicela, debido a la ineficacia del Sistema Nacional de Salud que, por conflictos territoriales, confirman el decepcionante hecho de que los principios bioéticos de Justicia e Igualdad, donde toda persona ha de tener las mismas oportunidades para el Derecho de su Salud en la asistencia sanitaria, simplemente, ya han dejado de existir.
Vivimos en una Sociedad donde se defiende, publicita y promociona la asistencia Universal en Sanidad de todas las personas, independientemente de su condición social, recursos económicos y procedencia pero, que a la hora de la verdad, conflictos interterritoriales son los responsables de no poner todos los recursos necesarios en una niña enferma, y ajena a todo tipo de cuestiones de gestión y economía.
Ha tenido que ocurrir lo peor para dejar en evidencia la situación. Aprendamos de ello. Seamos conscientes y reaccionemos. Es el momento de reaccionar. ¿Cuántas muertes tendremos que soportar para que algún político se decida a dar el paso de reclamar para el gobierno central la gestión en salud de todos los españoles?
Hasta la fecha, las competencias en Sanidad de las Comunidades Autónomas tan solo han demostrado una desigualdad manifiesta, tanto en las condiciones laborales de sus profesionales, como en la oportunidad de recursos entre los pacientes, con desastrosas consecuencias, y que va en contra de los principios de Igualdad que garantiza nuestra Carta Magna.
A nuestro entender, es el Gobierno Central quien debe ser el responsable de que el trabajo y la Atención Sanitaria de cualquier persona en el territorio del Estado Español tenga las mismas oportunidades y garantías, por lo que apelamos al sentido común, sensatez y responsabilidad que han de tener nuestros Gobernantes para que centren su atención en las personas, y no en la economía, en cuanto a Salud se refiere.
Desde aquí tendemos la mano hacia el diálogo y entendimiento para tal causa.
Dr. Fermín Parrondo Carretero,
presidente del SMMALAGA