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| Cristobal Montoro. |
Entre otras medidas, el citado documento, propone nuevos copagos, establecimiento de tasas hosteleras en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, o eliminar de nuevo una paga extra. De hecho, la segunda propuesta del citado texto es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es “copago por interrupciones del embarazo”. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”; esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones. También se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. (…) En el apartado de recortes en gastos de personal, cabe destacar algunas medidas como las que incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.
La reacción desde el sector sanitario no se ha hecho esperar, empezando por el Ministerio de Sanidad, que al día siguiente de publicarse esta información, se desvinculaba de las medidas anunciadas y descartaba cualquier nueva fórmula de copago, tal y como recogía REDACCIÓN MÉDICA (RM).
También respondieron numerosas autonomías, desvinculándose de la autoría de las propuestas y de su apoyo a las mismas, y así lo recogía también RM, además de EL PAÍS.
CESM, entre incrédula y alarmada
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado entre incrédula y alarmada ante la batería de medidas de supuesto ahorro en la sanidad pública que propondrá el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Económica del próximo día 31 de julio.
Según señla en un comunicado, entre las medidas a estudiar (que suman más de 75 y al parecer algunas o muchas de ellas han partido de las propias comunidades) hay algunas que ve positivas, como es el caso de las dirigidas a la centralización de compras, la coordinación de los servicios autonómicos para el uso de centros especializados de referencia o la historia clínica electrónica compartida en todo el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el grueso de las propuestas parecen ir encaminadas, a que "los profesionales se sientan más desanimados y peor tratados de lo que ya lo están hoy” y, junto a ello, a que “los ciudadanos abandonen el sistema por el deterioro de la calidad asistencial", según señala el vicesecretario general de CESM, Tomás Toranzo.
La introducción del copago por consultas, asistencia urgente, tratamientos hospitalarios de larga estancia o servicios de hostelería, unido a nuevas contribuciones adicionales por prestación farmacéutica y la reintroducción de la desgravación fiscal si se opta por acudir al sector privado, es lo que permite sostener el criterio de que uno de los principales objetivos sea el de “incentivar” que aumente el número de españoles que se dan voluntariamente de baja en el SNS.
Contra los profesionales
En cuanto a los facultativos, hay propuestas que resultan, si cabe, aún más “increíbles”, como es el recorte de pagas extras, el aumento de jornada sin compensación de ningún tipo, el fomento de los contratos a tiempo parcial, la modificación de turnos en los servicios de urgencia e intensivos, el control del número de prescripciones por paciente, el trasvase de competencias a otros profesionales, la pérdida de días de libre disposición o la revisión de la carrera profesional vinculando sus tramos al cumplimiento de objetivos y eficacia.
Sobre lo contemplado en este último punto, CESM quiere dejar claro que los médicos, a través del Foro de la Profesión, han firmado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad (30 de julio de 2013) en virtud del cual los profesionales no deben sufrir nuevos deterioros en sus condiciones económicas y laborales, a la par que se abre la puerta a su corresponsabilidad en la búsqueda de una mayor eficiencia mediante la introducción de las Unidades de Gestión Clínica y su adscripción voluntaria a ellas.
Así pues, si alguna de las medidas atentatorias contra los derechos de los profesionales fueran ratificadas en el próximo consejo económico de Hacienda y las CCAA, lo lógico, y así lo pedirá CESM, es que el Foro de la Profesión Médica se vea obligado a denunciarlo ante la Comisión de Seguimiento del pacto alcanzado con el Ministerio (y, a su través, con el Consejo Interterritorial del SNS).
Además, y como no puede ser de otro modo, la Confederación se reservaría el derecho a llevar a efecto cualquier otra medida de respuesta que considere oportuno realizar en defensa de los profesionales.